Skip to main content

Atribuciones

El artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, establece que en "El Estado de Baja California se acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución".

Este mismo ordenamiento dispone que "Los menores de edad tienen derecho a vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental efectivo, moral y social, en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y la instituciones, así como a ser protegidos contra cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en condiciones de libertad, integridad y dignidad, debido a ello las leyes que se promulguen para tal efecto, deben atender el interés superior del menor".

Asimismo se establece que "El Estado garantizará de manera subsidiaria la protección nutricional de los menores, estableciendo los apoyos y lineamientos necesarios a cargo de las instituciones públicas, en los términos que determine la ley".

Por otra parte señala que "Toda persona tiene el derecho a la práctica del deporte, a la cultura física y a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Las autoridades públicas del Estado, harán lo conducente a fin de que se asegure el disfrute de estos derechos".

Es este el precepto constitucional que dio origen a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana "... como un organismo administrativo, autónomo de participación ciudadana; para vigilar y exigir de los servidores públicos un actuar apegado a la legalidad y asegurar el respeto de los Derechos Humanos en la entidad..." Señalando que "... sus resoluciones consistirán en solicitarles, fundando y motivando, ante las autoridades competentes, la aplicación de las sanciones previstas en la Ley".

La Ley derivada de la Constitución Estatal, garantiza "... al Procurador su independencia y autonomía en el desempeño de su cargo, asimismo determina los procedimientos para su nombramiento, la duración del cargo, sus funciones y facultades así como las demás condiciones necesarias para garantizar su eficacia".

En la propia Ley se establece que la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana "... no ejercerá una función jurisdiccional, por lo que carece de facultades para modificar por sí misma las resoluciones de la autoridad, ni suspender las actuaciones administrativas objeto de queja. Sus resoluciones consistirán en recomendaciones, proposiciones, solicitudes y recordatorios de plazo y deberes legales dirigidos a los servidores públicos".

Congruentemente con el precepto constitucional y de conformidad con la Ley correspondiente, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, tiene las siguientes atribuciones:

"I.- Recibir las quejas que formulen los particulares sobre actos de los Servidores Públicos contrarios a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deban observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; determinar su procedencia y sustanciar los procedimientos pertinentes a su tramitación, en coordinación con las autoridades encargadas de investigar y sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos, conforme a la legislación orgánica que corresponda."

"II.- Recibir, investigar y atender las quejas y denuncias que le presenten los afectados, sus familiares o las organizaciones sociales que los represente sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos."

"III.- Formular propuestas conciliatorias entre las autoridades administrativas y los particulares, sobre las bases del respeto a los derechos humanos, la legalidad y la eficacia administrativa, aún cuando se hubiera formulado un procedimiento formal de queja."

"IV.- Solicitar la intervención del Ministerio Público, cuando pueda presumirse como resultado de la investigación practicada la Comisión de un delito; y de los órganos competentes en materia de responsabilidades cuando se conozca de irregularidades de su competencia."

"V.- Acudir a cualquier oficina o dependencia de la administración pública estatal y municipal para investigar todo lo relativo a la queja o denuncia de que se trate, solicitar información a los servidores públicos involucrados, citarlos en su despacho cuando lo crea necesario; y en general, cualquier otra diligencia que coadyuve al esclarecimiento de la verdad y al cumplimiento de su función."

"Los servidores públicos están obligados a auxiliar en forma preferente y adecuada al personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en el desempeño de sus funciones."

"Bajo ninguna circunstancia se le negará al Procurador o a los Subprocuradores el acceso a personas/ dependencias o documentos que a su juicio sean relevantes en las investigaciones que realicen en el desempeño de sus funciones/ mismas que podrán realizar a través del personal técnico de la Procuraduría."

"VI,- Verificar la eficiencia, diligencia y honestidad en los servicios de Defensoría de Oficio que presta el Estado en materia penal y familiar, haciendo del conocimiento del titular de la Defensoría de Oficio los resultados de la labor realizada. "

"VII.- Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad que se encuentren en los Centros de Reclusión y detención estén apegados a derecho y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos, pudiendo solicitar el reconocimiento médico de reos y detenidos cuando se presuman malos tratos o torturas, comunicando a las autoridades competentes los resultados de las revisiones practicadas."

"VIII- Solicitar la intervención de la Dirección de Prevención Social del Estado cuando se tenga conocimiento que un interno que se encuentre recluido en algún centro de detención o reclusión, le han sido violados sus derechos humanos. Para lograr que dichas violaciones cesen de inmediato sin perjuicio de la realización de posteriores trámites o diligencias tendientes a formular recomendaciones ante la Autoridad competente a fin de que se apliquen las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y en otros ordenamientos jurídicos aplicables al servidor público responsable de dichas violaciones."

"IX- Formular recomendaciones y opiniones a los servidores públicos relativas a las disposiciones legales y procedimientos vigentes que contribuyan a un mejor servicio de la Administración Pública."

"X.- Sugerir al superior jerárquico del servidor público infractor, la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos jurídicos aplicables."

"XI.- Actuar de oficio o a petición de parte para conocer de violaciones a los Derechos Humanos en el Estado."

"XIL- Formular y realizar programas tendientes a promover entre los ciudadanos el conocimiento de las Leyes Nacionales y de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, organizar actividades que contribuyan a difundir la doctrina y los órganos legales para su defensa."

"XIIL.- Certificar los hechos en que intervenga en el Ejercicio de sus funciones."

"XIV.- Mantener informados, mediante comunicaciones periódicas, a los superiores jerárquicos de las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, sobre las quejas recibidas y las investigaciones realizadas, así como de sus recomendaciones y solicitudes de sanción a servidores públicos, principalmente de aquellas que hayan sido desoídas o desatendidas por el superior inmediato del infractor; de estas comunicaciones remitirá copia al Titular del Ejecutivo del Estado, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Congreso del Estado o al Presidente Municipal que corresponda según el ámbito de competencia."

"XV.- En el mes de noviembre de cada año" presentar un informe de actividades ante el Congreso del Estado, en el que dará a conocer el balance de su ejercicio; dicho informe deberá publicarse y circular entre los diversos órganos de la Administración Pública."

A partir de este marco jurídico constitucional y legal se deriva la estructura orgánica de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, las atribuciones de cada una de sus unidades y las relaciones entre ellas, mismas que se abordan en el siguiente apartado.